El programa de justicia juvenil restaurativa de Paraguay consigue rebajar el número de menores privados de libertad en los últimos años

Por Coral García Dorado

El proyecto, que cuenta con el apoyo de AECID, pretende que el joven se haga responsable del delito a la vez que le brinda una segunda oportunidad para su reinserción en la sociedad

“No esperaba nada de este lugar. Cuando entré, pensé que era una cárcel donde te maltratan y todo eso. No esperé nada, pero muchísimas cosas se me brindaron”. Quien habla es una de las adolescentes del centro educativo Virgen de Fátima, en Asunción, Paraguay, uno de los ocho centros del país y el único de mujeres, en los que desde el 2019 se lleva a cabo el proyecto de apoyo al fortalecimiento del enfoque restaurativo de los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes en Paraguay.

En 2004, la Corte Internacional sancionó al Estado paraguayo, responsabilizándolo de la muerte y lesiones de 12 menores en el Instituto de Reeducación del Menor “Coronel Panchito López”, en Asunción. Según recoge un informe de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos sobre la situación de justicia restaurativa juvenil en Paraguay, “el instituto no contaba con la infraestructura adecuada para un centro de detención, situación que empeoró cuando la población superó su capacidad máxima”. También insiste en las condiciones de vida en la que se encontraban los internos del centro: “las celdas eran insalubres, la alimentación era mala y no había asistencia médica ni psicológica entre otras importantes deficiencias como las del programa educativo”.

Unos de los motivos por los que existe hoy este programa de fortalecimiento del enfoque restaurativo con menores en Paraguay, se debe en parte, a esa sentencia y a la búsqueda de la mejora de la atención de los menores infractores en los centros, siguiendo los pasos de la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, aprobada en 2015.

Medidas privativas y no privativas de libertad

 Que los adolescentes en conflicto con la ley no estén encerrados en un centro para menores infractores no quiere decir que al cometer un delito queden impunes, sino que se brinda una oportunidad. Dependiendo de la gravedad del delito o de que el adolescente tenga o no antecedentes penales, “se le da otras medidas alternativas”, explica Carolina Melgarejo, directora de programas y políticas públicas del SENAAI. “Lo que hace el juzgado es dar ciertas medidas a cumplir, las cuales serán revisadas cada cierto tiempo: tener una hora límite para estar en la calle, prohibición de consumir bebidas alcohólicas, demostrar que está yendo a la escuela, por ejemplo”, añade.

Tanto si el menor infractor —en Paraguay la edad de responsabilidad penal es de 14 años—, es condenado a estar en uno de los ocho centros educativos que hay en el país o, por el contrario, se le aplican medidas no privativas de libertad, es el SENAAI quien los administra y se encarga del funcionamiento de los centros educativos y de una coordinación de medidas no privativas así como de su seguimiento.

En 2022 en Paraguay, según datos proporcionados por Melgarejo, había 171 adolescentes privados de libertad, de los cuales 40 habían sido condenados y 131 estaban siendo procesados. A esto hay que sumar 47 adolescentes, que se encontraban en régimen de medidas no privativas de libertad, coordinados por el SENAAI.

Entre los objetivos está que el joven sea atendido y se responsabilice de sus actos

El adolescente cuando llega a uno estos centros, acusado o condenado por un delito que va “desde robo hasta homicidio”, afirma Melgarejo, “pasa por un proceso de salud mental, son atendidos por psicólogos, a veces psiquiatras en el caso de que sea, por ejemplo, un adolescente que consume drogas o por otros motivos.

Pasa por todo un bagaje de atenciones y de disciplinas en las que se mira al adolescente de manera integral, tratando de ver cómo podemos apoyarlo y darle una herramienta o una mejor calidad de vida”.

La directora de programas y políticas públicas del SENAAI cuenta que el objetivo es que el adolescente, una vez salga del centro educativo, cuente con una herramienta adquirida que facilite su reinserción. Para ello, existen varios programas dependientes de ministerios, como el hecho de que deban matricularse de forma obligatoria en la escuela, o el aprendizaje de oficios como “huerta, carpintería o peluquería”, indica la directora de programas y políticas públicas del SENAAI. También se les da acceso a análisis, vacunas y otros temas relacionados con la salud integral de la persona.

El programa lo lanzó el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI), dependiente del Ministerio de Justicia del país, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Consiste en reforzar las capacidades profesionales e institucionales de gestión, atención y seguimiento de los adolescentes en conflicto con la ley, adaptándose a sus necesidades, individuales y específicas, desde el enfoque restaurativo.

La primera fase del proyecto, acabado en 2021, ha sido valorada por el SENAAI como “un éxito”, debido a que se ha conseguido registrar una menor cantidad de adolescentes privados de libertad en el país en 2022 con respecto al año anterior. Igual ocurre con otros años, a excepción del 2021, que hubo más que en 2020.

“Lo que queremos es que nuestra atención dentro de un centro sea desde un enfoque restaurativo de derechos de garantía, teniendo en cuenta todas esas premisas, considerando la particularidad de cada persona, procurando un tratamiento digno especializado, individualizado, respetando todos esos principios internacionales restaurativos”, añade.

Pero un enfoque restaurativo hacia alguien que ha cometido un delito no quiere decir que no se le haga responsable del delito que cometió. Como explica Blanca Barreto, psicóloga del centro educativo de mujeres en la capital paraguaya, en un vídeo que se puede encontrar en el canal de YouTube de la AECID, “el adolescente es responsable de lo que hizo y tiene la oportunidad de resarcir ese problema, ya sea de forma directa o de forma indirecta”.

El reconocimiento y la responsabilidad son “las dos columnas sobre las que descansa la intervención de la justicia restaurativa. Si no logro que sean protagonistas, no puedo pedirles que sean responsables y si no logro que haya diálogo, intercambio o reflexión, no puedo pedir que reconozcan las consecuencias de su actuar”, responde Raúl Calvo Soler, experto en justicia restaurativa y autor del libro “Justicia juvenil y prácticas restaurativas”.

Calvo Soler lo tiene claro, el futuro de la justicia es un sistema totalmente restaurativo. No obstante, considera que aún queda un largo camino por recorrer y que es necesario formar “a la policía, los jueces, las entidades deportivas, las ONGs que están trabajando en territorio”.

Este es uno de los objetivos de la Agencia Estatal de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, que pretende lograr mediante el apoyo a este proyecto.

Insisten que para que este enfoque restaurativo en los menores perdure en el tiempo, es imprescindible la formación contínua de los funcionarios y demás trabajadores que intervienen en el proceso.

“Muchos de ellos vienen de trabajar en prisiones de adultos y hay una tendencia en el país a la mano dura de que el que la hace la paga, fruto de una dictadura de más de 40 años”, afirma Mar Humberto, responsable de programas de cooperación, Igualdad de género y gobernabilidad democrática, de AECID.

Con Humberto coincide Tatiana Salem, Coordinadora General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), quien insiste en que hay que acabar con el denominado “Path dependence”, que no es otra cosa que “esta resistencia al cambio que existe muchas veces en los operadores del estado, que incluso teniendo la herramientas, usan las que siempre han usado”, afirma.

No obstante, esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro o en un corto período de tiempo. Por lo que tanto AECID como el SENAAI trabajan para que esas formaciones queden grabadas.

Antecedentes del modelo de Paraguay: la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa de 2015

 En mayo de 2015 la Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos aprobó por unanimidad la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, un texto que consta de 14 principios que los estados miembros deben adoptar como compromiso, es decir, no es de obligatorio cumplimiento. Entre ellas está alentar el desarrollo de políticas públicas focalizadas en justicia juvenil y de acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, incluyendo instancias comunitarias para la solución restaurativa de conflictos e infracciones de menor potencial ofensivo, evitando su judicialización; tomar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes puedan valorar los impactos de las medidas privativas y no privativas de libertad o fomentar la participación e involucramiento activo de la sociedad civil, la comunidad y de ser posible el sector privado, en la construcción y ejecución de una justicia juvenil restaurativa bajo la supervisión y responsabilidad estatal.

En 2021, la COMJIB hizo un balance de los avances realizados durante los primeros cinco años desde su aprobación, tomando como muestra 12 de los 22 países que la firmaron, entre los que se encuentran Paraguay, España, Argentina, Colombia o Costa Rica. Además de informes individuales, publicaron un documento general comparando la situación de los distintos países analizados.

Entre las conclusiones preliminares destacan que existe “un distinto grado de avance en el cumplimiento” de la Declaración “debido a la carencia de aplicación de justicia juvenil restaurativa y a la fuerte resistencia de la cultura judicial imperante”, tal y como mencionan Mar Humberto y Tatiana Salem.

En el caso de Paraguay, país en el que además del proyecto coordinado por el SENAAI y AECID, existe el plan piloto de justicia restaurativa de la Ciudad de Lambaré, calificaban como “bajo” el trabajo con la víctima, con la que afirman que “no se trabaja” y lo señalan como desafío pendiente.

No obstante, son positivos en su incorporación en el futuro y añaden que “de las entrevistas con funcionarios surgió que ya están trabajando en nuevos protocolos y modelos de atención que incorporan la participación de la víctima, gracias al apoyo de AECID con la asistencia técnica de Víctor Herrero”, coordinador técnico internacional del organismo público español.

Justicia restaurativa como vehículo a la reinserción de los adolescentes infractores

 “Siempre decimos que el adolescente que entra un centro educativo no tiene que salir igual, tiene que salir mejor o tiene que salir con alguna que otra herramienta adquirida dentro del centro para que le pueda facilitar en la reinserción”, cuenta Carolina Melgarejo. Esas herramientas son las aprendidas mediante el plan personalizado que elaboran cuando un adolescente llega a un centro.

La reinserción del menor, sin embargo, es una de los principales desafíos a los que se enfrenta Paraguay, algo que tampoco pueden medir ya que no existe un seguimiento del adolescente una vez que sale del centro y vuelve al entorno en el que vivía anteriormente.

“A veces es complejo porque el Estado invierte dinero para todo ese acompañamiento que le da de salud, educación de capacitación, medicación, atención, alimentación, vestimenta, pero cuando el chico sale ahí vuelve a su lugar de origen, a la pobreza, a la violencia, a la droga, a la familia que no tiene condiciones para hacer su sentimiento o no tiene las herramientas o no tiene las redes necesarias”, añade la directora de programas y políticas públicas del SENAAI.

Por otro lado, a esto hay que añadir que el SENAAI sólo cuenta con una única oficina de medidas no privativas, situada en Asunción, por lo que sólo pueden hacer el seguimiento de los adolescentes que viven en la capital, el resto deben rendir cuentas a los juzgados del lugar al que pertenezcan. Por tanto, el objetivo del SENAAI es abrir más oficinas en otros puntos del país.

Los otros desafíos del proyecto: que sea sostenible y siga evolucionando

 En 2022 comenzó la segunda fase del proyecto de justicia restaurativa del SENAAI y AECID. El objetivo ahora, según expresan ambas partes, es la consolidación de los protocolos de medidas privativas y no privativas en el que han estado trabajando estos años.

En esta línea, es imprescindible, afirma Mar Humberto, que el proyecto sea sostenible en el tiempo: “En algún momento la cooperación tiene que salir y esto se tiene que sostener solo, tenemos que lograr que se pueda mantener por propios procesos nacionales. Yo creo que van caminando hacia allí pero todavía no podemos dejar de apoyarlo”.

Los proyectos que cuentan con el apoyo de AECID en los distintos países, dependen de la demanda que ese país tenga en concreto, según Humberto. Los años que se encuentran apoyando cada uno de ellos no está definido porque depende de la respuesta de la institución.