El desastre de la mediación en Aragón

Esto no puede seguir así. Termina otra legislatura y el estado de la mediación en Aragón es lamentable. Una comunidad autónoma que comenzó siendo pionera en la instauración de prácticas restaurativas, termina una legislatura más sin rumbo, sin estrategia, y con un páramo de iniciativas que nos ha llevado a la cola de España en el desarrollo de políticas de Justicia Restaurativa.

Les recordaré algo que ya hemos comentado en otras ocasiones en este diario. En el año 2005 varias personas comprometidas en la acción social a través de la pastoral penitenciaria de Aragón, decidimos constituir la Asociación ¿hablamos? con el ánimo de establecer en nuestra comunidad prácticas de mediación penal, en el que víctima e infractor pudieran, a través del diálogo, encontrar una reparación moral y material, la primera, y la asunción de la plena responsabilidad del delito, la segunda. Fuimos en aquel año, de la mano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la cuarta comunidad autónoma en España en establecer un servicio de mediación penal intrajudicial. En el año 2010, el propio Gobierno de Aragón firma con nosotros, con el CGPJ y con la Fiscalía, un convenio para la extensión de la mediación penal al conjunto de Aragón. Entre tanto, ya lo saben, hemos publicado un libro recogiendo la experiencia pionera aragonesa, El valor de la palabra que nos humaniza, hemos producido el único documental en España sobre mediación penal con víctimas e infractores reales, ¿hablamos?, hemos formado a más de mil policías locales, a miembros de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz, a colegios, claustros y alumnos...y un sin fin de acciones más.

En la presente legislatura, la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha desplegado una política de impulso de la mediación con poco acierto y poco recorrido, de efectos dudosos, y especialmente poco favorables para quienes nos dejamos la piel, altruistamente en el desarrollo de estas dinámicas de paz y noviolencia en nuestra comunidad. Comenzó la legislatura con la publicación de una convocatoria de subvenciones para el impulso de la mediación intrajudicial, convocatoria de la que excluyó a las entidades sociales que veníamos prestando estos servicios desde, como en nuestro caso, el año 2005, ignorando así los propios convenios firmados por el Gobierno de Aragón, y sonrojando a propios y extraños con la denominación de “proyecto piloto” para algo que tenía su desarrollo en la comunidad desde la friolera de más diez años. Tuvimos que comparecer en la Comisión de Peticiones y Garantías de las Cortes de Aragón, para recibir, una vez más, el aplauso y consenso unánime de todos los partidos en la necesidad de no excluirnos de la convocatoria de dichas subvenciones para la siguiente edición. Y así fue, la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno Aragón rectificó en la convocatoria de 2018 e incluyó a las entidades sociales entre las destinatarias de su acción. La Asociación ¿hablamos? concurrimos y obtuvimos, no podía ser de otra manera, la adjudicación de la mediación penal intrajudicial en toda la comunidad autónoma de Aragón, para lo cual recibimos una subvención de 34.000 euros.

El resultado de esta convocatoria es que la Asociación ¿hablamos? ha realizado en el año 2018, más de 50 mediaciones, record de toda la historia en esta comunidad, muy por encima de las realizadas en la misma convocatoria en otros órdenes jurisdiccionales, como el civil y mercantil, y desarrollándola no sólo en las capitales de provincia sino en los partidos judiciales rurales, con una labor ingente de información, sensibilización y formación de las diferentes oficinas judiciales y operadores jurídicos. En el desempeño de esta convocatoria del 2018 nos hemos encontrado con la máxima indiferencia por parte de la Dirección General que va desde, por ejemplo, haber remitido nosotros voluntariamente informes bimensuales del estado de la cuestión de la mediación penal en Aragón durante todo el ejercicio, sin respuesta alguna por parte de la Dirección General, o haber realizado una Jornada de Justicia Restaurativa y Sociedad civil con el aula magna de la Facultad de Derecho a rebosar para dar a conocer a la ciudadanía el resultado de nuestro trabajo en esta convocatoria, e impedirnos dicha Dirección General que se convocara con el logotipo del Gobierno de Aragón, aún cuando esa jornada estaba contemplada en nuestro proyecto piloto, y habíamos invitado a la propia directora general a intervenir en el evento, como finalmente hizo.

La convocatoria de 2018 sólo alcanzaba de Enero a Septiembre de ese año, la Dirección General dijo entonces que quien quisiera mediación tenía que acudir al beneficio de justicia gratuita, aún a sabiendas que en toda la historia de este servicio jamás se ha derivado una mediación por esta vía. Por eso la Asociación ¿hablamos? decidimos que en tanto no se convocaran nuevas subvenciones seguiríamos prestando el servicio a nuestra costa, como lo habíamos hecho en nuestros catorce años de existencia, y como así hemos hecho en este periodo de entre subvenciones. La nueva convocatoria para 2019 se realiza en Diciembre de 2018, con periodo de ejecución Diciembre 2018-Septiembre 2019 (sic), y aún a día de hoy, Marzo de 2019, no hay resolución expresa a pesar de que ya hay resolución provisional comunicada a todas las entidades. Resolución provisional que nos otorga casi la mitad de la cantidad concedida en 2018: es decir que cuando hemos acreditado que hemos extendido la mediación penal como nunca se hizo en Aragón, en vez de apoyarla financieramente se restringe nada más y nada menos que a la mitad...Otro desastre más, que se suma a la no toma en consideración de la Proposición no de Ley aprobada en 2018 en Cortes de Aragón a instancias del Partido Popular y con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, de que la mediación penal intrajudicial, como ocurre en casi el resto de España, fuera objeto de una convocatoria particular y específica para esta jurisdicción, dado el peculiar sentido de la misma.

La puntilla a todo este desaguisado nos llega con el resultado de la aprobación de la liquidación de la subvención del 2018, en el que se nos reconoce sólo la correcta justificación del 40% de la subvención. Algo inaudito si tenemos en cuenta que en un nuestros catorce años de historia, todas, absolutamente todas las ayudas públicas o privadas que hemos recibido, han sido acreditadas y justificadas al 100% sin problema alguno. Sin duda esto lo vamos a recurrir judicialmente, tanto nosotros como otras entidades afectadas, pero agrede y pauperiza a un tejido asociativo, que no nos olvidemos, debido a la fórmula de subvención utilizada, nos obliga a la asociación a adelantar, y financiar, al Gobierno de Aragón en el desarrollo de sus servicios de mediación, servicios que como vemos, sólo cinco meses después de prestados te dice que no pagará. Otro desastre más.

Pero somos aragoneses y no reblaremos. Seguiremos luchando porque nuestra comunidad siga siendo un referente en Justicia Restaurativa como lo fue en el pasado, seguiremos luchando porque el Gobierno de Aragón realice una política seria y dotada de una mínima estrategia para la implementación de la mediación penal en Aragón, para que dejemos de una vez por todas las acciones, sin sentido, que no reconocen el acervo de conocimiento de esta comunidad, y para por un lado dar el mejor uso a los recursos públicos con retornos de inversión en forma de servicios públicos de calidad, y por otro dignificar al tejido social y las iniciativas ciudadanas que, con mucho esfuerzo y generosidad, construyen una sociedad más justa y dialogante en nuestra comunidad autónoma a lo largo de todos estos años. No reblaremos.