Sanando heridas del pasado

Por Clara Pérez Rodríguez

La memoria histórica es fundamental para comprender y reflexionar sobre el pasado. En el contexto de las violaciones masivas de derechos humanos permite reconocer y honrar a las víctimas, garantizar que la verdad sea conocida y evitar la repetición de los mismos errores.  Además, la memoria histórica contribuye a la construcción de una identidad colectiva basada en la justicia y el respeto.

Sin embargo, se trata de un tema sensible y complejo en muchos países, ya que implica enfrentar y abordar las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos en el pasado. La respuesta social y judicial a estos crímenes requiere ir más allá de la justicia punitiva, involucrando a todas las partes afectadas en un proceso de sanación y transformación.

En este contexto, los procesos de justicia restaurativa han surgido como una herramienta valiosa para sanar las heridas del pasado, fomentar la reconciliación y construir una sociedad basada en la verdad, la justicia y la paz.

Argentina: un caso de éxito

En Argentina, los juicios de lesa humanidad se refieren a los procesos judiciales llevados a cabo para juzgar y sancionar a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983.

Estos juicios son parte de un proceso de justicia transicional que busca esclarecer los crímenes cometidos, promover la verdad, la memoria, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familiares, y garantizar que estos hechos no se repitan en el futuro.

El retorno a la democracia en 1983 marcó el inicio de un proceso de verdad y justicia en Argentina. El gobierno democrático estableció la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1983 para investigar y documentar los crímenes cometidos durante la dictadura. El informe final de la CONADEP, conocido como el Informe Nunca Más, fue presentado en 1984 y proporcionó evidencia contundente de las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Eduardo Ranz, el abogado de la memoria, explica que este fue el primer paso que marcó la jurisprudencia internacional. Gracias a ello se llevaron a cabo los llamados «Juicios por la Verdad» en los cuales se investigaron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Estos juicios tenían un carácter informativo y no implicaban condenas, pero permitieron recabar testimonios y evidencias sobre los crímenes.

Durante los años posteriores a la dictadura, se sancionaron leyes de amnistía, como la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, que buscaban proteger a los militares y limitar la posibilidad de llevarlos a juicio. Estas leyes fueron derogadas en 2003 y 2005, respectivamente, lo que allanó el camino para los juicios de lesa humanidad.

A partir de la anulación de las leyes de amnistía, se iniciaron los juicios de lesa humanidad en Argentina. Estos juicios se han llevado a cabo en los tribunales federales de todo el país y han juzgado a los responsables de delitos como desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y robo de bebés, entre otros. Actualmente ya son 1153 los represores condenados, tal y como informan desde la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.

Uno de los casos más emblemáticos es el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura durante la dictadura. Este juicio, junto con otros similares, ha permitido enjuiciar a altos mandos militares y civiles responsables de crímenes de lesa humanidad.

El proceso de juicios en Argentina se ha caracterizado por la búsqueda de verdad y justicia, así como por la participación activa de las víctimas y sus familias. La lucha constante de los organismos de derechos humanos y la presión de la sociedad civil han sido fundamentales para mantener vivo el reclamo de justicia y asegurar que los crímenes cometidos durante la dictadura no queden impunes.

Estos juicios representan un esfuerzo continuo para enfrentar el pasado y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones, construyendo así una sociedad basada en los principios de justicia y respeto a los derechos humanos.

Logros y limitaciones

En Argentina, los procesos de justicia restaurativa en crímenes de lesa humanidad han sido una parte importante de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y la sociedad en general.

A través del proceso legal se han realizado condenas a altos funcionarios militares, policías, jueces y otros perpetradores involucrados en los crímenes de lesa humanidad. Esto ha enviado un mensaje claro de que los responsables de violaciones a gran escala de derechos humanos no pueden escapar de la justicia.

Pero la importancia de estos procesos va más allá de lo punitivo. Los juicios han proporcionado un espacio para que las víctimas y sus familias cuenten sus historias y testimonios. Esto ha permitido visibilizar el sufrimiento que vivieron durante la dictadura y ha contribuido a romper el silencio y el estigma que rodeaba a las víctimas. El reconocimiento de las víctimas y sus derechos ha sido un aspecto central de estos juicios y ha contribuido a su sanación personal y colectiva.

Como explica Ranz el caso argentino es peculiar y, sin duda, se trata de un caso de estudio ya que es un país donde las víctimas han tenido una reparación restaurativa en unidad de acto.

Por ejemplo, se ha brindado a las víctimas y a la sociedad la oportunidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura. También se le ha otorgado el reconocimiento a las víctimas y a su memoria. Se han erigido monumentos, se han creado espacios de memoria y se han llevado a cabo actos conmemorativos en honor a las víctimas de la dictadura.

Pero, aunque los juicios de lesa humanidad en Argentina han logrado avances significativos en la búsqueda de justicia y verdad, también enfrentan ciertas limitaciones y desafíos. Aunque estos juicios han contribuido a la construcción de la memoria histórica, a la conciencia pública y a la sensibilización sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, su impacto en la sociedad ha sido limitado.

De hecho, algunos sectores aún niegan o minimizan los crímenes, lo que dificulta la plena reconciliación y la construcción de una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos.

Como explica el periodista argentino Sergio Farella, aún quedan muchos juicios en marcha y aunque al principio tuvieron mucho seguimiento mediático con el tiempo han perdido relevancia tanto a nivel informativo como a nivel social.

Una asignatura pendiente en España

La cuestión de los juicios contra el franquismo en España es compleja y ha sido objeto de debate y controversia durante décadas. Hay varios factores que han influido en la falta de juicios restaurativos o enjuiciamientos masivos contra los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

El primero, y puede que el más evidente, es la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley fue un instrumento político destinado a lograr la reconciliación y la estabilidad en el país, y otorgó una amnistía general tanto a los opositores políticos como a los perpetradores de crímenes durante la dictadura. Como resultado, se cerraron los casos pendientes y se evitó procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Durante la transición democrática, también se estableció un pacto de olvido tácito entre los principales partidos políticos y actores sociales del momento. Este pacto consistió en dejar de lado el pasado traumático de la dictadura como una forma de evitar conflictos y garantizar la estabilidad política. Como resultado, se evitó una confrontación directa con el legado franquista y se limitaron los procesos judiciales.

Además de la Ley de Amnistía, existen limitaciones legales y obstáculos procesales para enjuiciar los crímenes cometidos durante el franquismo. Por ejemplo, la aplicación retroactiva de la legislación penal puede ser problemática debido a los principios de seguridad jurídica y no retroactividad de las leyes penales. También se argumenta que el tiempo transcurrido y la falta de evidencias dificultan los procesos judiciales.

Un nuevo horizonte: verdad, justicia, restauración y educación

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como la Ley de Memoria Histórica, se centra en reconocer y ampliar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista.

La Ley de Memoria Histórica establece medidas para la reparación moral y la restitución de los derechos de las víctimas y sus familias, pero su enfoque principal es el reconocimiento, la investigación y la recuperación de la memoria histórica, así como la promoción de políticas públicas de memoria y la eliminación de símbolos franquistas.

Esta ley aborda aspectos como la retirada de simbología franquista de espacios públicos, la exhumación de víctimas de fosas comunes y la protección de archivos y documentos relacionados con la memoria histórica.

Esta normativa no aborda explícitamente los procesos de justicia restaurativa, que se enfocan en la participación de las víctimas, los perpetradores y la comunidad en general para lograr la reconciliación y la reparación. Aunque la ley no excluye estos enfoques, no los menciona específicamente ni establece mecanismos o procedimientos para llevar a cabo procesos de justicia restaurativa.

“El problema es que las leyes exponen principios, pero no desarrollan el método ni el contenido. Esto hace suponer que si realmente hay interés hay que establecer un reglamento superior o una jurisprudencia”, explica el abogado de la memoria.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exigen que si se llevara a cabo un proceso de este calibre debe haber un reconocimiento no solo de las víctimas, sino también del agresor o “verdugo”. Hay que poner nombre a ambas partes del proceso porque si no solo se está reconociendo una parte de la historia. “Si no hay agresores, no puede haber víctimas”, indican desde la asociación.

Los procesos de justicia restaurativa en temas de memoria histórica representan una oportunidad para enfrentar de manera integral el legado de las violaciones de derechos humanos en el pasado. Al promover la participación de las víctimas, fomentar el diálogo y buscar la reconciliación, estos procesos contribuyen a sanar heridas, construir puentes entre diferentes sectores de la sociedad y sentar las bases para una sociedad más justa y pacífica.

La sociedad española está cada vez más comprometida con la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia y la no repetición, reconociendo y honrando a las víctimas y promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Por ello es fundamental que en España se fomente la investigación, la recopilación de testimonios y la difusión de información objetiva y verificable sobre los acontecimientos históricos pasados. Esto implica apoyar la investigación académica, respaldar el acceso a archivos y documentos, y promover la divulgación de la verdad histórica de manera imparcial y transparente.

Además, las víctimas y sus familias merecen una reparación adecuada por el sufrimiento y las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Esto puede incluir compensaciones económicas, apoyo psicosocial, servicios de atención médica y rehabilitación, así como programas de reintegración y reinserción social.

Es fundamental fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la memoria histórica, a través de mecanismos como consultas públicas, comisiones de la verdad y la participación activa de organizaciones de la sociedad civil. Esto garantizará que las voces de las víctimas y la sociedad en general sean escuchadas y consideradas en la búsqueda de soluciones.

En este sentido, la justicia restaurativa, como ya se ha visto en el caso argentino, se convierte en una herramienta poderosa para abordar los desafíos de la memoria histórica y garantizar que las lecciones del pasado sean aprendidas y recordadas para las generaciones futuras.

Pero para ello se necesita una voluntad política sólida, recursos adecuados y la participación activa de todas las partes interesadas para lograr resultados significativos en términos de verdad, justicia y reparación en relación con la memoria histórica en España.